¿La tecnología blockchain garantiza la integridad de la información y fortalece los derechos laborales en Ecuador? Un análisis a priori
DOI:
https://doi.org/10.26871/directum.v3.nSI.60Palabras clave:
blockchain, contratos inteligentes, derechos laborales, registrolaboral, seguridad jurídicaResumen
La persistencia de relaciones laborales no registradas y la dispersión de información relevante para acreditar contratación, remuneraciones, jornada y seguridad social plantean desafíos para la tutela efectiva de los derechos laborales en Ecuador. La investigación tuvo como objetivo analizar los alcances y límites jurídicos de la tecnología blockchain y de los contratos inteligentes como herramientas de apoyo al registro, la trazabilidad, la prueba y el cumplimiento de obligaciones laborales. Se desarrolló un estudio cualitativo, exploratorio y descriptivo, sustentado en los métodos jurídico-dogmático y comparado, mediante un corpus documental integrado por normativa ecuatoriana, literatura especializada, jurisprudencia y experiencias internacionales. Los resultados indican que el blockchain podría reforzar la integridad y trazabilidad de registros sobre contratos, pagos, jornadas, aportes y terminación de la relación laboral, así como apoyar futuros mecanismos de coordinación entre el Sistema Único de Trabajo (SUT) y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Los contratos inteligentes, por su parte, pueden automatizar obligaciones objetivamente determinables, siempre que existan datos de entrada confiables, mecanismos de suspensión y supervisión humana. Sin embargo, la inmutabilidad no acredita por sí sola la veracidad olicitud del dato y debe conciliarse con los derechos de rectificación y eliminación, la minimización de datos y la protección desde el diseño. La ejecución automatizada tampoco puede desplazar normas laborales imperativas ni el control administrativo y jurisdiccional. Se concluye que el aporte de estas tecnologías es principalmente instrumental y probatorio y que una eventual implementación requiere regulación, evaluación de impacto, interoperabilidad institucional comprobada, inclusión digital y supervisión estatal.