Presentación
Resumen
La Revista de Derecho Directum se honra en presentar su edición especial octubre 2026, dedicada a la administración de justicia. Esta entrega, a través del trabajo articulado entre la Universidad Católica de Cuenca, el Consejo de la Judicatura y la Corte Provincial de Justicia del Azuay, rinde un merecido homenaje a los servidores judiciales, cuya labor diaria sostiene la vigencia del Estado constitucional de derechos, y la posibilidad real de la coexistencia armónica de los miembros de la sociedad. Administrar justicia en el siglo XXI exige equilibrar la efectividad del poder punitivo y la tutela procesal con el respeto a los derechos de las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades, colectivos y naturaleza. Los artículos de esta edición especial, ofrecen un panorama analítico de estas tensiones desde el derecho penal, la criminología, el derecho laboral, el derecho digital, entre otros, desde la particular óptica de la magistratura. El estudio titulado “La prisión preventiva en el proceso penal ecuatoriano: excepcionalidad, supuesto material y necesidad de cautela”, examina los presupuestos del artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal. El autor denuncia los riesgos de una posible automatización de la prisión preventiva promovida por diversos factores, concluyendo en la labor decisiva del juzgador como garante de la libertad individual frente al uso desnaturalizado de la privación de libertad. En segundo lugar, el artículo denominado “La relación del derecho penal con la ciberviolencia y la ciberpaz”, desde una perspectiva criminológica, analiza las respuestas punitivas frente al ciberacoso y las agresiones en entornos virtuales, contrastando visiones de autores como Jakobs Ferrajoli y Zaffaroni. Frente al fenómeno de la cibercriminalidad, los autores proponen un mecanismo articulado que combina varias cuestiones importantes. En tercer lugar, el trabajo que lleva por título “¿La tecnología blockchain garantiza la integridad de la información y fortalece los derechos laborales en Ecuador? Un análisis a priori” evalúa el alcance de esta tecnología en el ámbito del derecho laboral digital. La autora demuestra que la inmutabilidad de los registros digitales no reemplaza el principio de primacía de la realidad, ni exime a la administración de justicia del debido control al que tienen derecho los trabajadores al momento de evaluar el cumplimiento de las prestaciones.En cuarto lugar, en el artículo denominado “Flexibilidad y estabilidad laboral en el contrato especial emergente para mujeres embarazadas en Ecuador”, el autor plantea la idea de que, la flexibilidad contractual contenida en disposiciones legales que se van insertando en el ordenamiento jurídico nacional, no puede desarticular la estabilidad laboral reforzada y sus regulaciones consagradas a nivel constitucional y jurisprudencial. En quinto lugar, en el trabajo “Las lesiones terapéuticas en el COIP: un análisis desde la dogmática penal y la jurisprudencia del tribunal alemán”, se plantea la siguiente pregunta: ¿Cómo debe resolverse en el COIP la atipicidad o justificación de las lesiones provocadas en actos médicos legítimos?. El autor refutando una postura, llega a conclusiones interesantes sobre el estado de necesidad para cirugías programadas. El sexto artículo denominado “Legitimación del derecho penal: desafíos actuales en el Estado ecuatoriano”, desarrolla un diagnóstico crítico de los problemas del sistema de justicia penal actual. Sostiene que la punibilidad estatal pierde legitimidad si se convierte en un derecho penal simbólico. La respuesta garantista exige restaurar un derecho penal mínimo, la racionalidad normativa y el respeto irrestricto de la independencia judicial, como salvaguardas materiales del Estado constitucional de derechos. Por último, en el artículo “Breve estudio de la libertad de expresión y crítica a MacKinnon respecto a la restricción de los discursos de odio”, analiza los fundamentos y límites de la libertad de expresión a partir de la jurisprudencia de los Estados Unidos y de Ecuador, con especial atención a los discursos peligrosos y ofensivos. Los autores examinan críticamente la propuesta de Catharine MacKinnon sobre la restricción de determinados discursos discriminatorios y plantean, a partir de la posición original de John Rawls, un criterio orientado a proteger las condiciones de igualdad e imparcialidad necesarias para la deliberación democrática. Como se observa, los artículos reunidos en esta edición coinciden en un punto: la norma es insuficiente sin la participación de administradores de justicia independientes, capacitados y comprometidos. Sirva esta publicación como un tributo a su labor diaria y como un insumo para orientar el debate jurídico contemporáneo hacia un horizonte de paz social en Ecuador.
